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En 2015 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó la situación laboral de 680 maestros civiles (casi la tercera parte de los educadores) que enseñan en el Sistema Educativo Militar y les quitó la plaza de base y los contrató por honorarios por lo que han perdido derechos laborales como la jubilación.
Evaristo Maldonado Preciado, uno de los maestros afectados, recibió un oficio por parte del procurador general de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, donde se le informó que sólo tenía 10 días hábiles de vacaciones después de 23 años de servicio, además se le solicitaba renunciar a su plaza y firmar un contrato por honorarios en la cual debía laborar ocho horas diarias.
Maldonado Preciado, manifestó en entrevista con La Jornada que solicitó un recurso de amparo contra la decisión de las autoridades militares que obligaron a los profesores a aceptar el retiro voluntario del puesto y se escudaron en la reforma en materia de educación militar.
A ello el procurador declaró que la disposición se basa en una resolución del juzgado noveno en materia de trabajo por lo que son improcedentes los argumentos del profesor Maldonado, quien es titular especializado foráneo de tiempo completo en la materia de salud pública en la Escuela Médico Militar.
Como respuesta al oficio del procurador, Maldonado Preciado denunció que éste no es autoridad en temas laborales y expresó que durante más de 20 años de trabajo su jornada dependía de horas asignadas y cuando no debía impartir su materia no había necesidad de asistir al plantel, lo cual ahora con los cambios se impone cumplir una jornada de ocho horas diarias, condiciones que de no ser aceptadas se tendrá que aceptar un retiro de aproximadamente 200 mil pesos.
Esta resolución se suma a las acciones ilegales de la Sedena, dirigida por Salvador Cienfuegos Zepeda, para renovar su planta docente de maestros civiles y así poder contratarlos por honorarios, apuntó Maldonado, y afirmó que la mayoría de los profesores que imparten clases en las escuelas militares aceptaron el retiro voluntario sin saber que quedaban imposibilitados de contratar sus servicios en la administración pública.
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