No cumple con su palabra. Pese a que el presidente Pedro Castillo anunció el año pasado el retorno a las clases escolares presenciales para marzo de este año, el Ministerio de Educación (Minedu) informó ayer que el regreso a las aulas no se dará de forma total.
A menos de seis semanas de la fecha estimada para el comienzo de las clases, el Minedu recién dio a conocer que se tienen previstas tres modalidades de estudio: presencial, semipresencial y a distancia. La herramienta creada para la educación virtual Aprendo en Casa, y que se transmite por televisión, se seguirá utilizando en 2022.
Incluso, el propio titular de Educación, Rosendo Serna, reveló ayer que muchas instituciones “están viendo las formas de agenciar espacios para habilitar las aulas”.
Después de inaugurar aulas en un colegio de San Juan de Miraflores junto al mandatario, el ministro indicó que su sector está “haciendo todo lo posible” para cumplir con lo prometido.
El comunicado del Minedu fue difundido horas después de que organizaciones internacionales, como la Unicef y la Unesco, advirtieran al Gobierno los posibles obstáculos que se podrían enfrentar en el inicio de clases.
Estaban avisados
El Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hicieron un llamado al gobierno de Castillo para atender “con urgencia” las condiciones que podrían obstaculizar el inicio de clases.
Las organizaciones internacionales resaltaron que el Perú fue uno de los primeros países en el mundo en cerrar escuelas a causa de la pandemia y que, pese a ello, será uno “de los últimos en abrir” los colegios.
Indicaron, además, que el Perú es un territorio donde los escolares tienen “menos riesgo” de contraer COVID-19, pero han sido los más perjudicados en la pandemia.
“Durante dos años lectivos han perdido aprendizajes, han visto afectada su salud mental y han sufrido la carencia de espacios de socialización, nutrición y protección”, aseveraron a través de un comunicado.
Puntualizaron cinco aspectos. El primero es el aumento de la demanda, refiriéndose a que aproximadamente 350 mil escolares de la educación privada migraron en 2020 y 2021 a escuelas públicas, por lo que se requerirán más espacios, docentes y materiales, y la ampliación del aforo en dichas instituciones.
Por otra parte, aseguraron que 7 de cada 10 colegios públicos necesitan mejor infraestructura y que si bien este problema no se podrá resolver en el corto plazo, “se necesita asegurar que todos puedan resolver la adecuación de sus espacios”. Otro punto fue el de la “desvinculación escolar”: son 700 mil escolares los que han dejado la escuela o han estado en riesgo de hacerlo debido a la pobreza generada por el COVID-19. Indicaron que el gobierno debe sincerar las cifras y diseñar estrategias para la reincorporación de los estudiantes.
Aconsejaron evitar dar “información incompleta” sobre el retorno a la presencialidad a los familiares de los escolares, ya que por este motivo muchos de ellos temen enviar a sus hijos a clases. Llamaron también a la correcta coordinación entre instancias nacionales y regionales para eludir los problemas que “impidieron abrir presencialmente más escuelas cuando ya existían condiciones para hacerlo” en 2021.
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