Desde 2013 hasta mayo de 2023, se han registrado más de 55 mil reportes de casos de violencia física, psicológica y sexual en colegios particulares y estatales de Perú. Así lo dio a conocer SíseVe, una plataforma virtual donde los estudiantes pueden reportar, de manera anónima, actos de violencia escolar.
Esta cifra genera preocupación entre los padres de familia, quienes no tienen plena seguridad de que sus hijos no serán víctimas de violencia escolar, ya sea dentro o fuera de la institución. Por ejemplo, en agosto, los medios de comunicación informaron sobre hechos violentos protagonizados por escolares.
En Callao, dos estudiantes se enfrentaron a golpes en plena calle. En el video se puede escuchar voces de estudiantes que no hicieron nada para separarlas. Otro colegial de un colegio en Villa María del Triunfo también sufrió una agresión por parte de su compañero, presentando moretones en su cuerpo y una ceja cortada con una navaja. A estos incidentes se suma una pelea entre dos educandos cerca a una institución educativa de Carabayllo.
Ante esta situación, es esencial contar con psicólogos en colegios nacionales, tal como ocurre en lo centros educativos particulares. Según la Ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia en instituciones educativas, las casas de estudios deben tener al menos un profesional de psicología.
“Se declara de necesidad la designación de, al menos, un profesional en psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y tratamiento de casos de acoso y violencia entre alumnos. La implementación de esta disposición se realizará de forma progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal…”, indica el artículo 3.
Respecto a la disponibilidad presupuestal mencionada en la ley, Infobae Perú conversó con la psicóloga educativa Myriam Saldaña del colegio estatal Tacna, ubicado en el distrito limeño de Barranco.
“Estuve en una reunión en el Congreso de la República a la cual fui invitada como colegiada. Observo que no hay un buen programa para los psicólogos; no están siendo asignados a cada colegio porque, según indican, no hay presupuesto. Solo están designando a los colegios JEC (Jornada Escolar Completa)”, sostuvo la profesional.
La presencia de estos profesionales en las instituciones educativas no solo es vital para prevenir casos de violencia escolar entre compañeros, sino también para intervenir y tomar medidas en casos de acoso por parte de los profesores. Lamentablemente, los menores han sido ultrajados por docentes. Ante este panorama preocupante, el Ministerio de Educación presentará un proyecto de ley que permitirá conocer la lista de docentes condenados por abuso.
De aprobarse la iniciativa legislativa que todavía está en ciernes, se podría publicar la relación de profesores con sentencias firmes por delitos sexuales y terrorismo. En diálogo con los medios, la ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, señaló que algunos docentes acusados, desafortunadamente, pueden trabajar en escuelas privadas o dar clases particulares.
“Debemos defender con firmeza los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, actuando de manera resuelta para que no se repitan hechos repudiables en colegios. No podemos aceptar que se reserve la identidad de quienes han dañado la vida de niños inocentes”, agregó.
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