La convivencia dentro de las instituciones educativas constituye uno de los aspectos fundamentales para garantizar el desarrollo de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. En ese contexto, se han dado a conocer nuevos lineamientos orientados a fortalecer la disciplina escolar, establecer responsabilidades entre los integrantes de la comunidad educativa y definir cómo deben atenderse las conductas que afectan el respeto y el normal desarrollo de las actividades académicas.
Las disposiciones están dirigidas a las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica y buscan establecer criterios comunes para actuar frente a los problemas de comportamiento que se presentan en las aulas y en los diferentes espacios de los colegios. La finalidad es que los estudiantes conozcan las normas de convivencia, comprendan las consecuencias de sus acciones y asuman progresivamente una conducta basada en el respeto hacia sus compañeros, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
Uno de los puntos más importantes de estos lineamientos es la necesidad de fortalecer el papel del docente como responsable de orientar el comportamiento de los estudiantes durante las actividades escolares. Asimismo, se precisa que la disciplina no debe entenderse únicamente como la aplicación de sanciones, sino también como un proceso formativo que permita corregir conductas inadecuadas y promover relaciones saludables dentro de la institución.
El papel del docente y la autoridad dentro del aula
Las nuevas disposiciones reconocen la autoridad pedagógica del profesor y su responsabilidad para organizar las actividades, orientar a los estudiantes y mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje. Esto significa que el docente cuenta con la facultad de intervenir cuando un estudiante incumple las normas establecidas o desarrolla comportamientos que perjudican el trabajo escolar.
Cuando se presentan situaciones que no respetan las reglas de convivencia, el profesor puede realizar una llamada de atención verbal con el propósito de que el estudiante reconozca su conducta y modifique su comportamiento. Esta intervención debe desarrollarse con respeto, evitando cualquier expresión ofensiva o acción que pueda afectar la dignidad del menor.
Sin embargo, cuando se producen situaciones de mayor gravedad, el docente debe informar oportunamente a la dirección de la institución educativa para que se evalúen los hechos y se adopten las medidas correspondientes. De esta manera, se busca que los problemas de convivencia no sean ignorados y que exista una intervención coordinada entre los responsables de la gestión escolar.
Por su parte, los directores tienen a su cargo la conducción de las acciones relacionadas con la disciplina institucional. Entre sus funciones se encuentra analizar las situaciones reportadas, revisar las circunstancias en las que ocurrieron y determinar qué medidas corresponden de acuerdo con la gravedad de la conducta y las disposiciones establecidas.
¿Qué comportamientos pueden considerarse faltas graves?
El documento establece una clasificación de las conductas que perjudican la convivencia escolar, diferenciando aquellas que representan incumplimientos menores de las que requieren una intervención más seria por parte de las autoridades educativas.
Dentro de las faltas graves se encuentran las agresiones físicas que no producen lesiones, los ataques psicológicos, las intimidaciones y las amenazas dirigidas contra otros estudiantes. También se consideran comportamientos inadecuados las acciones destinadas a ridiculizar, avergonzar o perjudicar emocionalmente a un integrante de la comunidad educativa.
Otra situación contemplada es la difusión de información personal sin autorización, especialmente cuando se utilizan teléfonos celulares, redes sociales u otras herramientas digitales para afectar la privacidad de compañeros, docentes o trabajadores del colegio.
El uso inadecuado de dispositivos tecnológicos también puede generar consecuencias disciplinarias. Por ejemplo, utilizar celulares, tabletas, relojes inteligentes o audífonos para actividades ajenas a las clases sin contar con el permiso correspondiente puede ser considerado una falta grave.
Asimismo, se incluyen las tardanzas injustificadas que se producen de manera reiterada, el incumplimiento frecuente de las normas institucionales y las conductas relacionadas con la posesión o consumo de sustancias prohibidas. También se consideran las acciones que buscan involucrar a otros estudiantes en apuestas, desafíos peligrosos o actividades que puedan poner en riesgo su seguridad.
Estas disposiciones buscan que las instituciones educativas cuenten con criterios para identificar los problemas de comportamiento y actuar antes de que las situaciones se agraven.
Bullying, violencia y otras conductas consideradas muy graves
Uno de los aspectos que recibe especial atención es la protección de los estudiantes frente a cualquier manifestación de violencia, hostigamiento o vulneración de sus derechos.
Entre las conductas de mayor gravedad se encuentran el acoso escolar y el ciberacoso cuando afectan la integridad física o psicológica de los estudiantes. Estas situaciones pueden manifestarse mediante insultos constantes, amenazas, burlas, intimidaciones, difusión de contenidos ofensivos o cualquier acción que busque perjudicar a otra persona.
También se consideran muy graves los actos de violencia sexual, el acoso sexual, la discriminación y las amenazas que puedan poner en peligro la integridad de los integrantes de la comunidad educativa. A ello se suman la extorsión, el cobro ilegal de dinero y otras acciones que vulneren la seguridad de los estudiantes.
La normativa contempla, además, comportamientos relacionados con la promoción, distribución o comercialización de drogas y otras sustancias prohibidas dentro del entorno escolar.
En esta clasificación también se encuentran la posesión o utilización de armas, la elaboración de artefactos explosivos, el robo de bienes, la falsificación de documentos y la suplantación de identidad mediante plataformas digitales.
De igual manera, se considera especialmente grave registrar o divulgar fotografías, videos, grabaciones de voz o información privada de otras personas cuando estas acciones vulneran su intimidad. Estas situaciones pueden ocasionar consecuencias tanto dentro de la institución educativa como ante las autoridades competentes.
Presentación personal: disposiciones para estudiantes de colegios públicos y privados
Otro de los aspectos incluidos en los lineamientos está relacionado con la apariencia y el cuidado personal de los estudiantes durante la jornada escolar. Las instituciones educativas deben promover hábitos de higiene, limpieza y presentación adecuada, procurando que los escolares asistan con la vestimenta establecida y respeten las disposiciones contenidas en sus documentos de gestión.
En el caso de los colegios públicos, el documento establece restricciones sobre determinados accesorios y elementos de presentación personal durante las actividades escolares. Entre ellos figuran los aretes, piercings, anillos, cadenas, pulseras y otros objetos similares. También contempla restricciones respecto al maquillaje, los tatuajes, el cabello teñido y el uso de faldas por encima de la rodilla.
Asimismo, se establecen indicaciones sobre el cuidado del cabello: las estudiantes deben mantenerlo ordenado, mientras que los varones deben llevarlo recortado y asistir afeitados, conforme a lo señalado en los lineamientos.
Estas disposiciones deben ser comunicadas previamente a los estudiantes y sus familias para que conozcan las condiciones establecidas por la institución educativa. Su incumplimiento se contempla dentro del régimen de faltas leves.
En las instituciones privadas, las condiciones relacionadas con la vestimenta, los accesorios y la presentación personal deben encontrarse expresamente señaladas en el Reglamento Interno. Por ello, las familias deben conocer las reglas de cada colegio y las condiciones que se aplican durante el desarrollo de las actividades escolares.
¿Qué sanciones pueden aplicarse cuando un estudiante incumple las normas?
Las medidas contempladas buscan establecer respuestas proporcionales frente a las conductas que afectan el orden y la convivencia en los colegios. No todas las situaciones reciben el mismo tratamiento, ya que la decisión depende de la naturaleza de la falta, los antecedentes del estudiante y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Entre las acciones que pueden aplicarse se encuentran las llamadas de atención verbales, la reparación de los daños ocasionados y determinadas restricciones temporales para participar en actividades recreativas o extracurriculares.
También se contempla la separación temporal del estudiante del aula, siempre que permanezca dentro de la institución educativa y bajo supervisión pedagógica. Esta medida debe desarrollarse sin afectar su derecho a recibir atención educativa.
Para las situaciones de mayor gravedad se establece la suspensión temporal de asistencia al colegio, que puede alcanzar hasta tres días hábiles. Asimismo, se contempla la matrícula condicional como una medida dirigida a estudiantes que presentan conductas reiteradas y no evidencian cambios favorables pese a las intervenciones realizadas.
La disposición más severa es la separación definitiva de la institución educativa, conocida como expulsión. Esta medida puede aplicarse cuando el estudiante acumula tres suspensiones durante el mismo año escolar, incurre en una falta muy grave que justifique dicha decisión o mantiene comportamientos reiterados que hacen inviable su permanencia en el colegio.
No obstante, la aplicación de estas medidas debe responder a una evaluación individual y no realizarse de manera automática. Las autoridades educativas tienen que analizar cada situación y considerar los elementos establecidos en la normativa.
Los colegios deberán evaluar cada caso antes de imponer una medida disciplinaria
La aplicación de una sanción requiere tomar en cuenta diferentes factores para evitar decisiones injustificadas o desproporcionadas. Por esa razón, los lineamientos señalan que las autoridades educativas deben considerar la edad del estudiante, su nivel de desarrollo, sus antecedentes de comportamiento y las circunstancias que originaron el incidente.
También debe evaluarse el perjuicio ocasionado a otras personas o a los bienes de la institución educativa. Otro elemento importante es la disposición del estudiante para reconocer su error, mostrar arrepentimiento y participar en acciones que permitan reparar el daño causado.
Antes de determinar una medida, el estudiante tiene derecho a explicar lo sucedido y brindar su versión de los hechos. Esta información debe ser considerada por las autoridades responsables, quienes deben comunicar oportunamente a los padres de familia o representantes legales las decisiones adoptadas.
Cuando se trate de situaciones graves o muy graves, la dirección debe informar a la familia sobre los hechos y las medidas que se hayan determinado. De esta manera, se busca que los padres participen en el proceso y asuman su responsabilidad en el acompañamiento educativo de sus hijos.
¿Qué sucede cuando un estudiante es separado definitivamente del colegio?
La separación definitiva constituye una de las medidas más severas contempladas en el régimen disciplinario. Sin embargo, su aplicación no significa que el estudiante pierda su derecho a continuar recibiendo educación.
Cuando la dirección determine que corresponde aplicar esta medida, deberá comunicar formalmente la decisión a los padres, tutores o representantes legales. Además, tendrá que informar a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se garantice una alternativa que permita al menor continuar sus estudios en otra institución educativa pública, de acuerdo con la modalidad que corresponda.
Asimismo, la familia puede solicitar la reconsideración de una decisión de separación definitiva dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación de la medida. La solicitud debe ser evaluada por la dirección y el Comité de Gestión del Bienestar, cuando corresponda, dentro de los plazos establecidos.
Este procedimiento busca que las decisiones institucionales sean evaluadas y que las familias tengan la posibilidad de presentar sus argumentos cuando consideren que una medida debe ser revisada.
Se prohíben los castigos físicos, insultos y tratos humillantes
Aunque los nuevos lineamientos refuerzan la autoridad docente y establecen medidas disciplinarias para los estudiantes que incumplen las normas, también precisan límites que deben respetarse durante las intervenciones educativas.
En ese sentido, queda prohibido utilizar castigos físicos o humillantes como mecanismo para corregir el comportamiento de los escolares. Ningún docente, director o trabajador de la institución puede recurrir a golpes, jalones de cabello, palmadas, bofetadas o cualquier otra forma de agresión física.
Tampoco están permitidos los insultos, las burlas, las expresiones discriminatorias ni los comentarios destinados a avergonzar o menospreciar a un estudiante por su apariencia, rendimiento académico, situación familiar, discapacidad u otras características personales.
De igual manera, las instituciones educativas no pueden utilizar como castigo la privación de alimentos, agua, descanso, acceso a los servicios higiénicos o atención médica. Estas necesidades forman parte de los derechos fundamentales de los estudiantes y no pueden ser restringidas por motivos disciplinarios.
Las medidas correctivas tampoco deben impedir que los menores reciban los apoyos y ajustes razonables que necesitan por presentar alguna discapacidad o necesidad educativa específica.
Otro aspecto importante es que no se puede impedir el ingreso de un estudiante al colegio como castigo por llegar tarde, acumular inasistencias o incumplir determinadas disposiciones sobre presentación personal.
La responsabilidad de los padres de familia en la disciplina escolar
La formación de los estudiantes no depende exclusivamente de los docentes ni de las autoridades educativas. La familia también cumple una función importante en el desarrollo de hábitos, valores y comportamientos que favorezcan una convivencia respetuosa.
Por ello, los lineamientos establecen que los padres, madres, tutores o representantes legales deben participar activamente en el proceso educativo y colaborar con las acciones que desarrolla la institución para mejorar la conducta de los escolares.
Cuando se presente un problema disciplinario, las familias deben atender las comunicaciones del colegio, participar en las reuniones convocadas y contribuir al cumplimiento de los compromisos establecidos. El propósito es que exista una intervención conjunta que permita corregir las conductas inadecuadas y evitar que vuelvan a repetirse.
La participación de los padres resulta especialmente importante cuando se presentan situaciones reiteradas de agresión, incumplimiento de las normas o dificultades para relacionarse adecuadamente con los compañeros y profesores.
Los casos que podrían constituir delitos deberán comunicarse a las autoridades
Los lineamientos también establecen que determinadas situaciones que ocurran dentro de las instituciones educativas pueden superar el ámbito de una falta disciplinaria y llegar a constituir presuntas infracciones a la ley penal.
Ante estos casos, el director, el docente o el personal administrativo que tome conocimiento de los hechos deberá comunicar inmediatamente la situación a la Policía Nacional o al Ministerio Público, según corresponda.
Esta disposición busca que los hechos que comprometan la seguridad y los derechos de los integrantes de la comunidad educativa reciban la atención de las autoridades competentes, sin limitarse únicamente a la aplicación de medidas internas del colegio.
Por tanto, las instituciones educativas deben actuar oportunamente, registrar los incidentes y adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas involucradas.
¿Cuándo deberán adecuarse los reglamentos internos de los colegios?
Con la aprobación de los nuevos lineamientos, las instituciones educativas públicas y privadas deberán incorporar estas disposiciones a sus reglamentos internos y demás documentos de gestión correspondientes.
Para el año escolar 2026, la norma establece un plazo de quince días calendario, contados desde el día siguiente de su entrada en vigencia, para anexar o adjuntar los lineamientos a los documentos institucionales.
En cuanto al año escolar 2027, los colegios deberán adecuar y aprobar sus reglamentos internos en un plazo máximo de sesenta días calendario, también contado desde la entrada en vigencia de la disposición.
De esta manera, se busca que las instituciones educativas cuenten con reglas claras sobre las responsabilidades de los estudiantes, las funciones de los docentes, la participación de las familias y las medidas que pueden adoptarse ante los incumplimientos.
Una nueva etapa para la disciplina y la convivencia en las instituciones educativas
La aprobación de estos lineamientos representa un cambio importante en la manera de abordar los problemas de disciplina dentro de las instituciones educativas. La disposición establece criterios para reconocer la autoridad del docente, fortalecer la responsabilidad de los directores y promover una mayor participación de las familias en la formación de los estudiantes.
Su aplicación también plantea nuevos retos para los colegios, ya que será necesario revisar los reglamentos internos, establecer procedimientos de intervención y garantizar que las medidas adoptadas respeten los derechos de los menores.
El desafío será conseguir que las normas contribuyan a mejorar el ambiente escolar, prevenir las situaciones de violencia y recuperar el respeto entre estudiantes y profesores. Para ello, la disciplina deberá ir acompañada de orientación, diálogo, responsabilidad y acciones formativas que permitan a los escolares comprender las consecuencias de sus comportamientos.
En definitiva, el objetivo es que las instituciones educativas sean espacios donde se pueda enseñar y aprender en condiciones adecuadas, con respeto a la autoridad pedagógica, protección de los estudiantes y cumplimiento de las normas de convivencia.
Fuente oficial: Decreto Supremo N.° 021-2026-MINEDU, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de noviembre de 2026.
